Resumen
Tratado de Derecho Constitucional español que estudia los mecanismos de reforma previstos en los textos que se han sucedido a través de la historia de los dos últimos siglos.
Vieja y nueva Constitución abarca los textos fundamentales que van desde el forzado Estatuto de Bayona en 1808 al dictado de Napoleón a la actual ?Carta Magna?, vigente a partir de diciembre de 1978.
Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco,1949), catedrático de la Universidad Complutense, miembro de la Real Academia Española de la Lengua y de la de Ciencias Morales y Políticas, completa con esta obra la trilogía dedicada a la crisis que afecta a las instituciones del Estado registrada en los últimos años. En los volúmenes anteriores ?Informe sobre España. Repensar el Estado o destruirlo? (premio Nacional de Ensayo, 2013) y ?Cataluña y las demás Españas? (2014) aporta el autor elementos de gran interés para comprender las tensiones surgidas en amplios sectores de la sociedad española en demanda de una reforma constitucional. Sobre el particular y a la vista de tales actitudes revisionistas, el profesor Muñoz Machado analiza ahora las distintas posiciones y señala cuáles deberían ser los períodos de vigencia temporal de una Constitución teniendo en cuenta la necesidad de ajustar sus normas a los cambios sociales. Distingue con especial lucidez las reformas sobre cuestiones de carácter parcial a las que se proponen alterar el espíritu de fondo, que supondría un cambio radical o revolucionario del texto anterior. Resultan de particular interés los capítulos dedicados al estudio de las actitudes de los independentistas vascos y catalanes, cuyas posiciones carecen, en su opinión, de fundamentos jurídicos suficientes para el logro de sus fines. Sus argumentos contrarios se basan en dos normas irrebatibles: 1ª, la soberanía nacional reside en la totalidad del pueblo español tomado en su conjunto y no solo en una de sus componentes, y 2ª La Constitución parte de un principio fundamental: la indisoluble unidad de la Nación española. La secesión no parece, pues, algo previsto en nuestra vigente norma fundamental. En todo caso, parece evidente que una decisión en este sentido solo resultaría posible a través de un referéndum a escala nacional, y no reducido a una de sus comunidades autónomas. El lenguaje dentro del más exigente rigor conceptual y jurídico, resulta asequible para el sector de público no especializado que desee disponer de una información objetiva, veraz e independiente.
